Los mexicanos vivimos,  enfrentamos tiempos y retos difíciles y complejos, en el ámbito económico, político y social. El país, los ciudadanos, las empresas y los gobiernos federal, estatales y municipales, afrontan graves dificultades económicas y financieras que impactan significativamente en el nivel y la calidad de vida de millones de mexicanos, en  los costos de producción de bienes y servicios y la falta de capacidad presupuestaria de los gobiernos para atender y satisfacer las enormes y crecientes necesidades sociales que aquejan a la población en materia de salud, educación, seguridad, vivienda, alimentación, empleo, obras y servicios públicos, infraestructura productiva (agropecuaria, industrial y de servicios), como consecuencia de la crisis financiera mundial que afectan con toda su fuerza y crudeza a las naciones emergentes o en vías de desarrollo, como el nuestro.

México, corre el riesgo hoy más que nunca, de revivir acontecimientos que pensábamos habíamos superado y que nadie desea que se presenten de nuevo, como los que sufrimos en los inicios de los siglos XIX y XX. Movimientos sociales que tuvieron como propósito lograr nuestra independencia nacional, una mayor justicia social, igualdad,  solidaridad, libertad, fraternidad, bienestar y una mejor distribución de la riqueza nacional, terminar con la impunidad y la corrupción en todas sus formas y expresiones, mejorar nuestro sistema judicial para que se cumpla y haga cumplir las leyes por igual sin privilegios y distinciones.

Iniciamos un nuevo siglo, padeciendo y enfrentando  los mismos problemas que hemos intentado resolver, pero que a la fecha no hemos podido vencer (pobreza, marginación y desigualdad).  Iniciamos un nuevo siglo con nuevas teorías, modelos y paradigmas que intentan descubrir las causas de nuestras desgracias y la manera de cómo enfrentarlas y resolverlas.  Hemos sido testigos de cómo hemos pasado de un estado interventor y benefactor  a un estado regulador; Cómo han venido cambiando las relaciones entre el gobierno y la sociedad. Así como el papel y la importancia que tienen en la actualidad “el ciudadano, la ciudadanía y la sociedad civil organizada, en la construcción y ejecución de iniciativas, acciones y proyectos sociales, asistenciales y productivos en beneficio de la propia sociedad, especialmente de los sectores y grupos vulnerables, los que viven en pobreza y marginación. En la conformación y configuración de las nuevas relaciones políticas, en la construcción y el fortalecimiento de la democracia y en el ejercicio del poder público, como lo son: la participación ciudadana en coadyuvancía con las tareas y acciones que realiza el gobierno en beneficio de la sociedad, el compromiso y la corresponsabilidad que debe existir siempre entre el gobierno y la sociedad; la capacidad de organización, de autogestión y autonomía ciudadana, para resolver por si mismas sus problemas y necesidades colectivas.

Por ello, hoy más que nunca, debemos luchar por perfeccionar nuestro sistema democrático, nuestro sistema de partidos, nuestras leyes electorales que den certidumbre, transparencia y legalidad a los procesos políticos-electorales. Pero lo anterior no se podrá lograr sin la organización y la participación de la sociedad, sin el compromiso serio y responsable de nuestros gobernantes. Debemos pugnar  por un gobierno que conjugue y promueva los intereses público y privado, que procure el bienestar social e individual, que fomente y promueva la inversión pública y privada, las actividades económicas, que resuelva los problemas y necesidades sociales; que garantice la seguridad pública y en un estado de derecho que se sustente en un marco jurídico que de legalidad y certidumbre.

La realidad socioeconómica y política,  nos obliga día con día, en encontrar y ejercer nuevas formas de gobernabilidad y de participación ciudadana, con el fin promover y estimular las iniciativas civiles y de gobierno, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vidas de todos los mexicanos. En este sentido, la sociedad civil desempeña un papel fundamental, hoy en día no podemos concebir un gobierno democrático, sin que tenga el sustento popular, como tampoco podríamos hablar de un estado moderno que no tenga un territorio, leyes, ciudadanos y un gobierno emanado del pueblo. 

En los últimos años, el empuje de la sociedad, su capacidad de organización, de participación y de autogestión, han hecho posible arrebatarle al estado, su capacidad de continuar ejerciendo un domino total y absoluto sobre los individuos.  No hace mucho, el poder político en nuestro país, se encontraba depositado en una sola persona “el Presidente de la República” quien lo ejercía de manera centralizada, unipersonal y absoluta, casi igual, como ejercían el poder los monarcas absolutos y despóticos, en menos cabo de los ciudadanos, de la misma sociedad y de los gobiernos locales.

Hoy día, a pesar de que hemos logrado acotar dicho poder, mediante el fortalecimiento del poder legislativo y judicial, todavía nos queda mucho por hacer para alcanzar un verdadero federalismo, la descentralización de la vida nacional, el fortalecimiento de los estados y municipios, que gocen de mayores atribuciones y facultades constitucionales. Pero para lograrlo, tenemos que perfeccionar nuestro sistema democrático y nuestra forma de gobierno, que tenga sustento en el pueblo y para el pueblo. Los ciudadanos debemos exigirle a nuestros gobernantes y representantes populares llámese Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados federales, locales, regidores, síndicos y servidores públicos de los tres ordenes de gobierno, rendición de cuentas para que ejerzan sus funciones con honestidad, con ética y eficiencia; que atiendan y resuelvan las problemas que aquejan a los ciudadanos de acuerdo con sus funciones, atribuciones y sus ámbitos de competencia.

Los mexicanos exigimos y demandamos de nuestras autoridades federales, estatales, municipales y representantes populares, trabajo a favor de la gente. Que cumplan y hagan cumplir las leyes; que fomenten la creación de empleos, que garanticen la seguridad pública, la libertad de expresión y los derechos individuales fundamentales. Que promuevan el desarrollo económico y el bienestar social; combatir la pobreza, la marginación y la desigualdad social.